La medida fue decidida tras el fracaso en las negociaciones salariales con las cámaras empresarias del sector, y afectará los servicios de corta distancia en toda la región metropolitana.

El sindicato, liderado por Roberto Fernández, anunció esta medida de fuerza luego del vencimiento de la conciliación obligatoria, cuyo plazo no fue extendido por la Secretaría de Trabajo. Según indicaron fuentes cercanas a Fernández, la UTA solicita un salario básico de $1.160.000 para el mes de agosto, que aumente progresivamente hasta $1.322.136 en diciembre. Sin embargo, las cámaras empresarias no ofrecieron ninguna propuesta concreta, lo que motivó la decisión de ir al paro.

Subsidios estatales, clave en el conflicto

El conflicto salarial que enfrenta la UTA no solo involucra a las empresas, sino también al Estado, debido a los subsidios que financian gran parte del sistema de transporte público en el AMBA. Según datos empresariales, el servicio de colectivos de la región depende de $170.000 millones mensuales en subsidios, donde el 70% es cubierto por el Estado y el 30% restante por las tarifas. En este contexto, el Gobierno está evaluando un incremento adicional de $18.700 millones en subsidios, aunque se opone a un ajuste tarifario que podría impactar en la inflación.

Un paro independiente del anunciado para el miércoles 30

La medida de la UTA llega un día después de otra huelga general convocada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT) para el miércoles 30 de octubre, en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Este paro general, que afectará a trenes, subtes, colectivos, camiones y aviones, se organiza en protesta por el aumento de tarifas de transporte y la posible reducción de subsidios que, según los gremios, impactarán negativamente en los trabajadores y en los sectores más vulnerables de la sociedad.

De acuerdo con fuentes sindicales, tanto trenes como subtes paralizarán sus actividades desde la medianoche del martes hasta la medianoche del miércoles, dejando a millones de usuarios sin servicio en todo el país. En un comunicado conjunto, los gremios justificaron la medida en repudio al ajuste económico, el incremento de tarifas, y lo que consideran ataques a sectores vulnerables y jubilados, además de advertir sobre el posible impacto social de futuras privatizaciones.

Un conflicto en crecimiento

La decisión de la UTA de efectuar su paro el jueves 31, un día después de la medida general, incrementa la expectativa sobre los efectos que esta doble jornada de paro tendrá en los usuarios del AMBA y en la continuidad del conflicto en el sector de transporte. Ambos días de huelga reflejan la tensión entre los gremios, el Estado y las empresas, en un contexto económico donde las demandas salariales y la política de subsidios se han vuelto puntos centrales de la disputa.