La Justicia Federal dictó fallos a favor de los municipios de Quilmes y Escobar, permitiendo que continúen cobrando sus tasas municipales en las facturas de servicios públicos, como luz y gas, a pesar de la resolución del Gobierno Nacional que lo prohibía.

Las sentencias se suman a las de Pilar y Moreno, en un conflicto que involucra la autonomía municipal y la administración de recursos.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, concedió una medida cautelar interina a favor del municipio de Quilmes. En paralelo, Adrián González Charvay, juez federal de Campana, emitió una resolución similar en favor del municipio de Escobar, con una suspensión de seis meses sobre la prohibición. Este último magistrado ya había emitido fallos favorables para Pilar y Moreno en la misma línea.

Las municipalidades argumentan que la medida del gobierno, dictada a través de la Resolución 267 de la Secretaría de Comercio e Industria, vulnera su autonomía, permitida por la Constitución provincial.

Según el fallo de Armella, el convenio entre Quilmes y la empresa Edesur para cobrar la tasa de alumbrado público en las facturas data de 2001 y fue avalado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El reclamo de Quilmes es urgente. Según los datos presentados en la causa, el municipio recaudó 500 millones de pesos en julio por la tasa de alumbrado público, fondos esenciales para mantener los servicios en funcionamiento. “El cese de este procedimiento es susceptible de afectar derechos y obligaciones,” sostuvo Armella, subrayando el impacto negativo que tendría esta medida sobre el funcionamiento del alumbrado público en Quilmes.

Por su parte, el municipio de Escobar reclamó la posibilidad de seguir cobrando su tasa de alumbrado público en la factura de Edenor y la tasa de vigilancia e inspección en las facturas de gas de Naturgy BAN S.A. González Charvay también subrayó la autonomía de los municipios en su fallo, destacando la necesidad de proteger sus derechos constitucionales.

Con estos fallos, ya son cuatro los municipios bonaerenses que obtuvieron resoluciones judiciales favorables. Pilar, bajo la intendencia de Federico Achával, y Moreno, gobernado por Mariel Fernández, también consiguieron suspender la resolución nacional, mientras que otros municipios como Tigre, San Fernando y Florencio Varela han iniciado acciones judiciales similares.

La disputa continuará en los tribunales, con el Gobierno Nacional obligado a responder en un plazo de tres días. Mientras tanto, Quilmes y Escobar seguirán recaudando sus tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos, una medida que consideraron vital para mantener los servicios esenciales en sus territorios.