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04-08-2025

Preocupación por la falta de fondos en educación especial

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Los colegios de gestión privada que atienden a alumnos con discapacidad manifestaron su profunda preocupación ante el retraso en la actualización de los aranceles y el impacto que esto genera en la calidad de la atención educativa.

Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), expresaron su apoyo al proyecto de ley de Emergencia para el sector, impulsado en el Congreso Nacional, y remarcaron que lo que está en juego “no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”.

La entidad, que nuclea a más de un centenar de servicios educativos que contienen a niños con discapacidades, advirtió que la situación no puede quedar atrapada en discusiones políticas, ya que se trata de una cuestión urgente que afecta derechos esenciales.

“Hoy enfrentamos un desfase de más del 70% entre los aranceles que cobramos y la inflación real acumulada. Nuestros principales costos —como los salarios docentes— sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”, explicó Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA. A esta crítica situación se suma otro factor determinante: la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con hasta 90 días de demora, lo que vuelve inviable sostener el pago de sueldos, servicios e insumos básicos.

El panorama, según Giorgi, es alarmante: “Es muy difícil garantizar una educación de calidad en estas condiciones. Sin una solución estructural e inmediata, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”.

El problema no se limita a las escuelas especiales. También afecta a miles de alumnos con discapacidad que asisten a escuelas comunes y requieren apoyos como maestros integradores, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y otros profesionales. “Estos equipos están desbordados o directamente no pueden trabajar por falta de condiciones mínimas. Sin una mejora urgente en los honorarios y condiciones de trabajo, los chicos quedan desprotegidos dentro del sistema educativo regular”, advirtió Giorgi.

La raíz del conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. Desde entonces, se acumuló un fuerte atraso en los pagos y una inflación que deterioró aún más la situación financiera de las instituciones. Algunas debieron reducir servicios, otras evalúan cerrar, y la mayoría opera con déficit.

AIEPA viene advirtiendo desde hace años sobre el deterioro progresivo del sector, pero aseguran que la coyuntura actual es insostenible. Las actualizaciones históricamente quedaron por debajo de la inflación, y las escuelas hoy subsisten con recursos insuficientes y una demanda creciente de atención especializada.

“Si la ley finalmente no avanza, las instituciones seguirán con cuotas congeladas, sin poder afrontar los costos de funcionamiento. Se pondrán en peligro puestos de trabajo de docentes y personal especializado, pero además se agravará el riesgo de cierre de escuelas especiales, dejando sin atención a miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”, sostuvo Giorgi.


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