La presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, Florencia Esteche, convocó a una nueva sesión ordinaria en la que se abordaron dos temas de relevancia: el veto a la Ley N° 27.756 de Jubilaciones por parte del presidente Javier Milei y la emergencia económica que afecta a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Durante la sesión, el bloque de Unión por la Patria presentó una resolución repudiando el veto presidencial a la Ley de Jubilaciones, sancionada por el Congreso de la Nación.

Según los concejales oficialistas, esta medida hubiera mejorado la calidad de vida de jubilados y jubiladas en todo el país. El veto también generó malestar debido a la represión sufrida por quienes protestaban el pasado 28 de agosto, manifestación que fue duramente reprimida. 

La resolución contó con el apoyo del bloque de la UCR, donde la concejala Daniela Ferreyra instó a los legisladores radicales a posicionarse en contra del veto, destacando que sus palabras están alineadas con lo manifestado por el Senador Nacional Martín Lousteau. Ferreyra subrayó que "es momento de defender a los jubilados y jubiladas que más lo necesitan".

En otro orden, los concejales debatieron la situación crítica que enfrenta la Universidad Nacional de Quilmes, que desde febrero de este año se encuentra en emergencia económica y presupuestaria.

La falta de recursos amenaza su normal funcionamiento, situación que preocupa profundamente a la comunidad educativa y al cuerpo legislativo local.

El Concejo Deliberante aprobó una resolución de apoyo y solidaridad con los estudiantes, docentes y no docentes de la UNQ, destacando la importancia de defender la universidad pública.

Los ediles expresaron su pleno acompañamiento a las jornadas de lucha que se vienen llevando adelante en defensa del financiamiento universitario y de la educación pública.

Ambos proyectos fueron tratados sobre tablas y se decidió remitir las resoluciones a otros Concejos Deliberantes del país para que sus miembros evalúen la posibilidad de expresarse en el mismo sentido, buscando articular una postura común en defensa de los jubilados y de la universidad pública.