09-08-2023

Guiados por más de diez sobrevivientes, la Justicia inspeccionó el Pozo de Quilmes

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Más de diez sobrevivientes de la última dictadura militar volvieron el martes a su lugar de cautiverio en el Pozo de Quilmes para guiar a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata en una inspección ocular realizada en ese sitio, y reclamar que se identifique a los policías de menor rango que se desempeñaron en esa dependencia policial durante aquellos años.
El excentro clandestino funcionaba en la sede de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, en Alison Bell y Garibaldi, donde esta mañana se hicieron presentes el titular del TOF 1, Ricardo Basílico, y los integrantes del tribunal Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers; la auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad de La Plata, Ana Oberlín; la defensa oficial de los 15 imputados y más de 10 sobrevivientes, quienes durante el procedimiento debieron revivir lo padecido en ese lugar e identificar dónde estaban sus calabozos.
También participó de la inspección el nieto recuperado Pedro Nadal García, hijo de Jorge Nadal e Hilda Magdalena García, quien fue apropiado tras ser secuestrado junto a su madre cuando tenía un año, el 5 de marzo de 1976 frente a la Brigada de Quilmes. Su madre está desaparecida y él recuperó su identidad en octubre de 2004.
Además recorrió el lugar Julio Santucho, padre del nieto 133 restituido en julio último y su hermana María Santucho, que estuvo secuestrada allí.
Ana Oberlín explicó a Télam que "las inspecciones oculares son importantes porque es la forma en que los jueces ven, de manera directa, los lugares, pueden entender las dinámicas en las cuales se produjeron los delitos que se están juzgando y comprender por qué en muchos casos se podían escuchar de un lugar a otro por la acústica del lugar".
"Estamos muy satisfechos con la medida, se pudo ver, con las dimensiones del lugar, respecto a lo que declararon (los sobrevivientes) que escuchaban en aquel entonces que ocurría en otros lugares del Pozo", explicó la fiscal.
Uno de los sobrevivientes que recorrió el excentro fue Rubén Schell, quien en mayo de 2022, al brindar testimonio en el juicio que se sigue a los 15 represores lo hizo vía zoom desde el Pozo de Quilmes.
"Lo hago desde acá porque el día que salí juré a mis compañeros recordarlos y honrar sus memorias", dijo firme pero emocionado en aquella oportunidad, mientras a su espalda tenía las fotos de las 100 víctimas detenidas desaparecidas que pasaron por ese excentro.
Schell fue secuestrado el 12 de noviembre de 1977 por una patota cuando se aprestaba a ingresar a su casa, le cubrieron la cabeza con un buzo y lo metieron en el baúl de un automóvil donde había otro joven secuestrado, con el que fue llevado al Pozo de Quilmes, donde apenas llegaron les hicieron un simulacro de fusilamiento.
Tras simular matarlos contra un paredón, Schell y el otro joven, Pablo Dykyj, fueron torturados con picana eléctrica.
Schell, quien hoy es Director de Derechos Humanos de Quilmes, estuvo cautivo 102 días en el Pozo de Quilmes y fue uno de los sobrevivientes que guió a los jueces y a las partes por los distintos sectores del excentro.
"Los más de 10 sobrevivientes pudimos marcar los lugares más emblemáticos, los jueces pudieron recorrer los espacios, ver las modificaciones que hubo y comprobar el tema de la acústica del lugar", detalló a esta agencia el sobreviviente.
Remarcó que los jueces "fueron celda por celda, nos agradecieron la participación y dijeron estar muy conmovidos".
Contó que algunos sobrevivientes era la primera vez que recorrían el lugar, pero que en su caso, si bien su oficina está en otra sede, pasaba "parte del tiempo acá", donde funciona un Sitio de Memoria y visitas guiadas díarias.
Detalló que cuando estuvo cautivo dejó una marca en la pared de su celda, marca que "está señalizada" aún, y agregó que quieren "hacerle un decapamiento de la pintura", algo que tiene que hacer un conservacionista que por el momento "está con otros trabajos".
"Durante la recorrida, los sobrevivientes pedimos a los jueces que se busque en los archivos a los policías de menor rango que estaban acá en esos años", remarcó Schell.
Desde el 1° de enero de 1977, la Brigada de Quilmes estuvo bajo la órbita militar, cuyo personal realizaba los interrogatorios pero quienes vigilaban a los detenidos siguieron siendo policías bonaerenses.
La investigación fiscal demostró que al Pozo de Quilmes "ingresaban miembros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del Ejército Uruguayo -O.C.O.A.- que eran los encargados de tratar con un numeroso grupo de detenidos de nacionalidad uruguaya, a quienes, entre otras cosas, interrogaban".
En cuanto a las condiciones de detención, las víctimas revelaron que sufrieron torturas "bajo la aplicación de la picana eléctrica, submarino, golpes, simulacros de fusilamiento", además de haber sido "obligadas a escuchar el sufrimiento de otros y otras compañeras de cautiverio".
También, según la investigación, fueron denunciados hechos de violencia sexual en ese centro clandestino.