06-02-2015

El estado indemnizará a la familia del Intendente Gutiérrez

El Estado nacional indemnizará con más de 190 mil dólares a la familia del subcomisario Jorge Gutiérrez, quien fue asesinado en 1994 en el contexto de la investigación de la llamada "aduana paralela", luego de una sentencia dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo establece el decreto 2807 firmado por la presidenta Cristina Fernández, que fue publicado en el Boletín Oficial, donde la norma recuerda que el 25 de noviembre de 2013 el tribunal internacional sentenció al Estado argentino a pagar 191.833,21 dólares "en concepto de indemnización por daño material e inmaterial" a la familia Gutiérrez.

La jefa de Estado dispuso en el decreto "el pago en efectivo de la sentencia de 191.883,31 dólares, con más los intereses moratorios que correspondan, para el caso de la indemnización por daño material e inmaterial a favor de las víctimas del caso y por reintegro de costas y gastos, por el lapso transcurrido desde el vencimiento del plazo dispuesto en la sentencia (19 de diciembre de 2014) hasta la fecha de su efectiva cancelación".

El subcomisario Gutiérrez fue encontrado muerto en el vagón de un tren del ferrocarril Roca con un disparo en la cabeza, en la madrugada del 29 de agosto de 1994.

Gutiérrez trabajaba en la comisaría 2da. de Avellaneda, que en ese entonces lindaba con un predio administrado por la firma Defisa, que lo utilizaba como depósito de los vehículos que importaba.

A raíz de las privatizaciones en el control del comercio exterior durante el gobierno de Carlos Menem, se crearon, a partir de 1992, cientos de empresas importadoras que funcionaban como depósitos fiscales, en el marco de lo que se denominó como la aduana paralela.

Las circunstancias que rodearon el asesinato del subcomisario fueron tratadas por la comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación que investigó los delitos vinculados con la instalación de un "sistema de aduana paralelo" durante el menemismo, empleado para diversos tráficos con eventuales complicidades estatales, como las ventas ilegales de armas, la mafia del oro o embarques de drogas".

De acuerdo a los testimonios comprendidos en la instrucción del caso, formulada por el juez Guillermo Atencio, al oficial de la bonaerense lo asesinó otro policía cuando el tren en el que viajaba circulaba por el viaducto de Sarandí.

El principal sospechoso de haber efectuado el disparo es Alejandro Daniel Santillán, cabo de la Federal, quien habría estado secundado por Francisco Severo Mostajo, efectivo de la Bonaerense.

Ambos uniformados, que trabajaban como policías ferroviarios, resultaron reconocidos por Alejandra Chumbita, una pasajera circunstancial, y David Silva, un vendedor ambulante.

Con esa información, Atencio ordenó detener a Santillán, pero nunca pudo dar con el paradero de Mostajo, que permaneció prófugo mientras se desarrolló el proceso.