El Municipio de Quilmes sancionó a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) con una multa de $445.248.000 por incumplimientos en la atención a los usuarios del servicio de agua potable y cloacas en el distrito.

La medida responde a una investigación de oficio iniciada por la Dirección General de Defensa de Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial, tras un aumento exponencial de reclamos por la falta de atención presencial.

El conflicto se originó a partir de reiteradas denuncias de vecinos que manifestaron dificultades para realizar trámites y presentar reclamos ante la empresa, debido a la eliminación de la atención presencial en Quilmes. La jueza Anabella Galván, a cargo del Juzgado de Faltas N° 4, determinó que AySA vulneró los derechos de los consumidores al no garantizar canales accesibles de atención, afectando especialmente a los adultos mayores y a quienes no cuentan con acceso a Internet.

En su defensa, la empresa argumentó que implementó un sistema de autogestión digital, destacando que la mayoría de sus usuarios resuelven sus trámites de manera online. Sin embargo, el fallo judicial indicó que la digitalización no puede reemplazar la atención presencial, ya que esto limita el acceso a derechos esenciales.

Además de la multa económica, la sentencia ordena a AySA reabrir oficinas de atención al público en Quilmes en un plazo máximo de 30 días. La empresa deberá presentar un plan detallado con la ubicación de las nuevas dependencias, los horarios de atención y los servicios que brindará. También se le exige garantizar infraestructura adecuada y personal capacitado para atender a los usuarios.

La resolución se basa en los artículos 4, 8 bis y 27 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que establecen el derecho a la información, el trato digno y la obligatoriedad de contar con centros de atención personalizada.

El Municipio de Quilmes destacó que esta decisión sienta un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores, reafirmando el rol de las administraciones locales en la regulación de los servicios públicos.

Se espera que, con esta medida, mejore la atención a los vecinos y se garantice el acceso equitativo a los reclamos y trámites relacionados con el servicio de agua y cloacas en la ciudad.